López Obrador ha mostrado una tendencia a someter a consulta casi cualquier tema. Ha hablado de consultar sobre la despenalización del aborto, por ejemplo, y el matrimonio homosexual.
"Que se consulte" ha sido su lema. Y ya lo ha aplicado. El caso más reciente es de la cancelación del aeropuerto. Aun cuando ya había expresado su postura a favor de que ese proyecto, ya avanzado, se suspendiera definitivamente y se construyeran dos pistas en Santa Lucía, por una serie de argumentos, convocó a una consulta para tomar la decisión.
Independientemente de las razones a favor de Texcoco o de Santa Lucía, el ejercicio mismo de la consulta levantó polémica, pues no tuvo un marco jurídico, no lo organizó una instancia como el INE, no fue clara la metodología de instalación de casillas, fue claro que hubo deficiencias en el registro de los votos, etcétera.
Más allá de eso, se prefiguró una forma de exceso e incluso de abuso: el que participó en la consulta, que pretendió ser de alcance nacional, tenía dos opciones, Texcoco o la pista militar de Santa Lucía, aunque varios habitantes de los alrededores de este último lugar se oponen a la obra también.
Mucha gente que vive cerca de la base militar de Santa Lucía se opone a que ahí se construya el nuevo aeropuerto, así como mucha gente que vive cerca del proyecto de Texcoco se opuso durante años. ¿Valen más las razones de unos que de otros?
El que votó lo hizo pensando en la laguna Nabor Cariilo, en la gente de Texcoco, en el sobreprecio, en la corrupción, pero no en los habitantes de Santa Lucía. Ellos quedaron en la sombra. En el afán por impulsar la cancelación del nuevo aeropuerto y sustituirlo por nuevas pistas en la base militar, se terminó por ignorar a los posibles afectados del cambio.
La dicotomía "Texcoco o Santa Lucía" se impuso como única. Y la mayoría que participó terminó decidiendo.
Nos podemos preguntar si esto es legítimo. Si una decisión democrática, entendida de manera simple, es siempre la más legítima o la que debe seguirse. Es una versión simple de la democracia porque deja fuera los límites que tiene toda democracia, a menos que degenere en otra cosa.
La democracia, como decisión de la mayoría tiene, por ejemplo, el límite de los Derechos Humanos, que son de cada persona y también de grupos, que pueden ser minoritarios en una sociedad. Esos derechos, muchos de los cuales se consideran inalienables (es decir, que nunca se pierden), no pueden ser atropellados porque así lo decida una mayoría consultada.
Si entendemos, por ejemplo, que el llamado derecho a decidir de las mujeres es de este tipo, es absurdo que despenalizar el aborto se someta a consulta. Igualmente, si entendemos que los homosexuales deberían tener derecho a contraer matrimonio civil, carece de sentido que eso dependa de un procedimiento democrático.
La democracia, en suma, no puede estar por encima de derechos individuales (de cada mujer, por ejemplo) o de las minorías (étnicas, religiosas o de preferencia sexual, por mencionar algunas).
Así, la consulta sobre el "Tren Maya" o sobre la nueva refinería en Tabasco podrían significar atropellos si atentan contra derechos de grupos indígenas en la zona. Esos derechos no pueden ser denegados por una consulta, por más amplia que sea. En todo caso, los primeros (y quizá los únicos) que deberían ser consultados son los grupos indígenas que podrían verse afectados.
Más recientemente, López Obrador ha hablado de no perseguir a los corruptos de sexenios anteriores. Es su famoso "borrón y cuenta nueva". Esa afirmación revela una invasión de potestades. El titular del poder ejecutivo no es el que debería decidir si se persigue o no un delito. Si el presidente tuviera esa atribución, decir a quién perseguir y a quién no, o qué delitos castigar o cuáles no, difícilmente podríamos hablar de un estado de derecho.
El presidente electo, ante los que lo han criticado por sus declaraciones, ha aceptado que podría someter a consulta si se perseguirá o no a los "grandes corruptos", incluidos los expresidentes. Volvemos a lo mismo, la democracia tiene límites. Aquí serían las mismas leyes vigentes, que antes tendrían que ser modificadas, pero también el derecho a la justicia, que es parte de los Derechos Humanos.
La llamada "amnistía" que AMLO ha anunciado para los criminales podría atentar contra ese derecho, el del acceso a la justicia para las víctimas. Ninguna consulta o procedimiento democrático puede conculcarlo.
Más allá de esos derechos que la democracia no puede simplemente ignorar o atropellar, tenemos otro límite, el de los fines u objetivos de la democracia.
Desde la antigua Grecia se entiende que la democracia y cualquier régimen virtuoso, en términos de Aristóteles, tiene como fin el bien común. Un régimen que en apariencia sea democrático pero no vele por el bien común no sería en términos estrictos una democracia. Aristóteles le llama demagogia, una degeneración de lo democracia que no vela por el beneficio de los gobernados, sino, si acaso, de los gobernantes.
Un líder demagógico puede impulsar consultas con discursos engañosos y procedimientos tramposos y lograr que una mayoría vote a favor de decisiones que perjudican el bien común, el bien de los propios gobernados. La democracia habría sido utilizada en contra de sus propios fines y ya no sería democracia.
Los Derechos Humanos, las garantías individuales, el estado de derecho, las leyes vigentes, el bien común, son límites de una democracia sana, según la filosofía política de cuño liberal.
Al elevar las consultas como principal criterio en variedad de temas, López Obrador corre el riesgo de sobrepasar esos límites y deformar la democracia en otra cosa, una versión degenerada, en perjuicio de todo el conjunto social.
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