En septiembre de 1972, un comando terrorista palestino secuestró a once atletas israelíes durante los Juegos Olímpicos de Múnich. Los perpetradores exigieron la liberación de más de doscientos presos en cárceles de Israel y también de varios miembros de la "Fracción del Ejército Rojo" presos en Alemania. Las autoridades israelíes se negaron a negociar. Un intento fallido de rescate por parte de la policía alemana terminó con la muerte de cinco de los ocho terroristas, que asesinaron en el proceso a todos los secuestrados.
En octubre de 2003, terroristas chechenos tomaron como rehenes a más 800 personas en un teatro de Moscú. Demandaban la retirada de todas las tropas rusas de Chechenia y el cese de los ataques de artillería (se desarrollaba la segunda guerra chechena, entre fuerzas rusas y grupos separatistas). Después de dos días de negociaciones y el asesinato de dos rehenes, las fuerzas especiales rusas bombearon un gas sin identificar en el teatro e irrumpieron. Murieron todos los terroristas, alrededor de 40, y más de 130 rehenes.
En ambos casos los Estados no cedieron a las demandas de los atacantes. Eso provocó muertes, pero también marcó un antecedente. Lo que se juega en ese tipo de casos es justamente si el Estado se doblega frente a las exigencias y las amenazas de grupos violentos o si se mantiene firme, asumiendo las consecuencias.
Si se doblega, el resultado en lo inmediato puede ser la salvación de las personas que están en peligro. Pero a futuro, eso puede servir como aliciente para que ese tipo de grupos actúen de manera similar. La fuerza del Estado queda en entredicho.
Si no se doblega, el resultado en lo inmediato puede ser terrible, y las autoridades tendrán que enfrentar las críticas. Pero se sienta el precedente de que el Estado no cederá ante las amenazas, lo que puede servir para disuadir actos similares.
No está claro si las fuerzas federales tenían una orden de aprehensión contra Ovidio Guzmán y montaron un operativo, que evidentemente fue pésimamente planeado y ejecutado. O si, en cambio, la detención del capo fue casi fortuita y entonces no se tenía preparada una estrategia para enfrentar a los grupos de sicarios.
El punto es que se llegó a una situación en la que un grupo criminal fuertemente armado amenazó a las fuerzas de seguridad del Estado con cometer actos violentos si no se cedía a su exigencia, la liberación de Ovidio Guzmán. Es desconocido si fue la tropa, un mando o alguien del gobierno el que ordenó que se liberara al narcotraficante. Lo cierto es que se cedió a las amenazas.
En lo inmediato, como subrayan los simpatizantes del presidente, se salvaron vidas. Pero de lo que no hablan es de que a futuro podrían repetirse hechos similares, justo porque los carteles ahora tienen constancia de que su extorsión violenta puede tener éxito.
En pocas palabras, la decisión de liberar Ovidio Guzmán debilitó al Estado, lo que puede ser más peligroso a futuro que lo que se vio ayer.
Quizá por ahora zanjen parte de las críticas destacando que se evitó una masacre. Ya veremos en lo sucesivo cuando los grupos criminales repitan su estrategia de violencia para satisfacer demandas.
