López Obrador y el centralismo

Si consideramos que la Constitución de Apatzingán no tuvo efecto en todo el territorio nacional y fue más bien un proyecto, podemos decir que la Constitución de 1824 fue la primera Ley Suprema de México. Establecía una república federal, que sustituyó al imperio encabezado por Iturbide. Contemplaba 19 estados y cuatro territorios, con la idea de que esos estados serían soberanos y de manera voluntaria formarían parte de la federación, que se llamó, por tanto, Estados Unidos Mexicanos.

La influencia era estadounidense, tomaba como modelo la manera en que las Trece Colonias conformaron una sola nación. Pero la situación era evidentemente distinta. En cierta forma se trató de un artificio. No es que la población de los estados decidiera voluntariamente unirse a una federación. Más bien los que diseñaron esa primera constitución dividieron el país en estados, que desde entonces fueron adquiriendo autonomía e identidad.

La Constitución de 1824 se aplicó en un país sumido en la inestabilidad. Con el régimen de Santa Anna, iniciado en 1833, se reveló lo endeble de las instituciones. El veleidoso político y militar cedió el poder a Valentín Gómez Farías, su vicepresidente, quien aplicó una serie de reformas anticlericales, que incluían la supresión de órdenes monásticas y la abolición de fueros para miembros del clero.

La reacción católica no se hizo esperar y se le exigió a Santa Anna no sólo regresar al poder sino anular las reformas de Gómez Farías. Así lo hizo el general, que entonces empezó a poner en práctica políticas de corte conservador y centralista, condensadas en un grupo de leyes, llamadas las Siete Leyes, promulgadas en 1836.

Además de que se acotó la ciudadanía y se exigió un ingreso mínimo para poder votar, por ejemplo, se fortaleció la figura presidencial, sobre los poderes legislativo y judicial. Pero lo más importante es que se suprimió la república federal o federación de estados, que fueron convertidos en departamentos, con gobernadores nombrados desde el centro.

Este proceso centralizador trajo como consecuencia, entre otros efectos, el intento de independencia de varios estados y territorios. El caso más grave fue el de Texas, que logró su independencia en 1836. Cuando una década después Estados Unidos de América se anexó Texas, estalló una guerra que provocó que México perdiera vastas zonas del norte, más de la mitad de su territorio original.

Los departamentos de las Siete Leyes centralistas de 1836 contarían con un gobernador elegido por el mismo presidente y con legisladores locales igualmente nombrados por el ejecutivo.

Después de los numerosos periodos presidenciales de Santa Anna, y también de su dictadura, será hasta el Plan de Ayutla, en 1854, que los liberales, encabezados por Juan Álvarez, emprenderán el proceso para convertir a México de nueva cuenta en una república federal, lo que se logró con las Leyes Juárez, Lerdo e Iglesias y, sobre todo, con la Constitución de 1857, promulgada durante la presidencia de Ignacio Comonfort.

Los conservadores de aquel periodo, como se sabe, lanzaron el Plan de Tacubaya para anular las leyes liberales y los aspectos de la Constitución de 1857 que más afectaban a la iglesia católica. Implementaron las llamadas Cinco Leyes, que devolvieron los privilegios al clero y al ejército. Eso desató la Guerra de Reforma, en la que Juárez, que había asumido la presidencia, logró derrotar a los conservadores, que, sin embargo, terminaron por recurrir a Francia e imponer a un emperador, Maximiliano.

Los tiempos habían cambiado. Maximiliano mismo era liberal, creía en la separación de la iglesia y el Estado y la libertad de culto. Otra vez Juárez logró recuperar la presidencia, con apoyo de Estados Unidos. Y reestableció la república federal.

López Obrador se dice juarista, aunque ciertamente no se le ve el lado anticlerical. Acusa a sus adversarios de conservadores, pero hay que preguntarse en qué sentido él sería liberal. Parece referirse a la historia de México en el siglo XIX. Y entonces hay que tomarle la palabra.

Una de sus propuestas, por ejemplo, es nombrar “delegados” en cada estado, que representen al gobierno federal. Esas figuras han levantado polémica, pues se cree que podrían convertirse en un poder paralelo al de los gobernadores. 

Morena argumenta que los delegados se encargarán de los programas sociales federales en los estados, inspeccionando su correcta implementación. Coordinarán las delegaciones del gobierno federal y dependerán de un coordinador general, que a su vez estará subordinado al ejecutivo. Los partidos de oposición señalan que esos delegados servirán como operadores electorales, manipulando el presupuesto de los programas y las delegaciones federales para crear una base electoral favorable a Morena.

En el caso de Jalisco, Carlos Lomelí, que fue candidato a gobernador, será el delegado estatal, lo cual al menos resulta sospechoso. Es evidente que desde esa posición tendrá incidencia en la vida política de Jalisco y resulta previsible que vuelva a buscar la gubernatura. Los programas federales y las delegaciones se convertirán en su plataforma.

Si los delegados fueron personajes meramente burocráticos, la situación sería distinta, pero la verdad es que López Obrador ha elegido perfiles políticos, como en el caso de Lomelí. Eso lleva a pensar que los delegados estarán ahí para cobrar notoriedad y preparar sus próximas campañas. Sería una colocación desde el gobierno federal de alfiles en los estados.

Ya hay reacciones. Enrique Alfaro, antiguo aliado de López Obrador y gobernador electo de Jalisco, ha levantado la voz contra la figura de los delegados. Tendrá que lidiar con quien fue su rival en las elecciones, el mencionado Lomelí. En esa queja, Alfaro ha recibido el respaldo de sus aliados, como Raúl Padilla, el jefe político del grupo que controla la Universidad de Guadalajara.

En los sexenios anteriores, el exceso de los gobernadores de los estados llegó a niveles grotescos. Varios de ellos están en la cárcel, han sido sometidos a proceso o están prófugos. La figura del gobernador ha estado tan mancillada como la del presidente, o quizá más. Un presidente tan popular como López Obrador podría verse tentado a ejercer el poder en los estados, es lo que teme la oposición.

Es la manera en que hoy se manifiesta la historia del centralismo y el federalismo, que han estado ahí desde los inicios de México como Estado.

AMLO y los límites de la democracia

López Obrador ha mostrado una tendencia a someter a consulta casi cualquier tema. Ha hablado de consultar sobre la despenalización del aborto, por ejemplo, y el matrimonio homosexual.

"Que se consulte" ha sido su lema. Y ya lo ha aplicado. El caso más reciente es de la cancelación del aeropuerto. Aun cuando ya había expresado su postura a favor de que ese proyecto, ya avanzado, se suspendiera definitivamente y se construyeran dos pistas en Santa Lucía, por una serie de argumentos, convocó a una consulta para tomar la decisión.

Independientemente de las razones a favor de Texcoco o de Santa Lucía, el ejercicio mismo de la consulta levantó polémica, pues no tuvo un marco jurídico, no lo organizó una instancia como el INE, no fue clara la metodología de instalación de casillas, fue claro que hubo deficiencias en el registro de los votos, etcétera.

Más allá de eso, se prefiguró una forma de exceso e incluso de abuso: el que participó en la consulta, que pretendió ser de alcance nacional, tenía dos opciones, Texcoco o la pista militar de Santa Lucía, aunque varios habitantes de los alrededores de este último lugar se oponen a la obra también.

Mucha gente que vive cerca de la base militar de Santa Lucía se opone a que ahí se construya el nuevo aeropuerto, así como mucha gente que vive cerca del proyecto de Texcoco se opuso durante años. ¿Valen más las razones de unos que de otros?

El que votó lo hizo pensando en la laguna Nabor Cariilo, en la gente de Texcoco, en el sobreprecio, en la corrupción, pero no en los habitantes de Santa Lucía. Ellos quedaron en la sombra. En el afán por impulsar la cancelación del nuevo aeropuerto y sustituirlo por nuevas pistas en la base militar, se terminó por ignorar a los posibles afectados del cambio.

La dicotomía "Texcoco o Santa Lucía" se impuso como única. Y la mayoría que participó terminó decidiendo.

Nos podemos preguntar si esto es legítimo. Si una decisión democrática, entendida de manera simple, es siempre la más legítima o la que debe seguirse. Es una versión simple de la democracia porque deja fuera los límites que tiene toda democracia, a menos que degenere en otra cosa.

La democracia, como decisión de la mayoría tiene, por ejemplo, el límite de los Derechos Humanos, que son de cada persona y también de grupos, que pueden ser minoritarios en una sociedad. Esos derechos, muchos de los cuales se consideran inalienables (es decir, que nunca se pierden), no pueden ser atropellados porque así lo decida una mayoría consultada.

Si entendemos, por ejemplo, que el llamado derecho a decidir de las mujeres es de este tipo, es absurdo que despenalizar el aborto se someta a consulta. Igualmente, si entendemos que los homosexuales deberían tener derecho a contraer matrimonio civil, carece de sentido que eso dependa de un procedimiento democrático.

La democracia, en suma, no puede estar por encima de derechos individuales (de cada mujer, por ejemplo) o de las minorías (étnicas, religiosas o de preferencia sexual, por mencionar algunas).

Así, la consulta sobre el "Tren Maya" o sobre la nueva refinería en Tabasco podrían significar atropellos si atentan contra derechos de grupos indígenas en la zona. Esos derechos no pueden ser denegados por una consulta, por más amplia que sea. En todo caso, los primeros (y quizá los únicos) que deberían ser consultados son los grupos indígenas que podrían verse afectados.

Más recientemente, López Obrador ha hablado de no perseguir a los corruptos de sexenios anteriores. Es su famoso "borrón y cuenta nueva". Esa afirmación revela una invasión de potestades. El titular del poder ejecutivo no es el que debería decidir si se persigue o no un delito. Si el presidente tuviera esa atribución, decir a quién perseguir y a quién no, o qué delitos castigar o cuáles no, difícilmente podríamos hablar de un estado de derecho.

El presidente electo, ante los que lo han criticado por sus declaraciones, ha aceptado que podría someter a consulta si se perseguirá o no a los "grandes corruptos", incluidos los expresidentes. Volvemos a lo mismo, la democracia tiene límites. Aquí serían las mismas leyes vigentes, que antes tendrían que ser modificadas, pero también el derecho a la justicia, que es parte de los Derechos Humanos.

La llamada "amnistía" que AMLO ha anunciado para los criminales podría atentar contra ese derecho, el del acceso a la justicia para las víctimas. Ninguna consulta o procedimiento democrático puede conculcarlo.

Más allá de esos derechos que la democracia no puede simplemente ignorar o atropellar, tenemos otro límite, el de los fines u objetivos de la democracia.

Desde la antigua Grecia se entiende que la democracia y cualquier régimen virtuoso, en términos de Aristóteles, tiene como fin el bien común. Un régimen que en apariencia sea democrático pero no vele por el bien común no sería en términos estrictos una democracia. Aristóteles le llama demagogia, una degeneración de lo democracia que no vela por el beneficio de los gobernados, sino, si acaso, de los gobernantes.

Un líder demagógico puede impulsar consultas con discursos engañosos y procedimientos tramposos y lograr que una mayoría vote a favor de decisiones que perjudican el bien común, el bien de los propios gobernados. La democracia habría sido utilizada en contra de sus propios fines y ya no sería democracia.

Los Derechos Humanos, las garantías individuales, el estado de derecho, las leyes vigentes, el bien común, son límites de una democracia sana, según la filosofía política de cuño liberal.

Al elevar las consultas como principal criterio en variedad de temas, López Obrador corre el riesgo de sobrepasar esos límites y deformar la democracia en otra cosa, una versión degenerada, en perjuicio de todo el conjunto social.